Situación actual de los canales de denuncia y nuevos delitos a raíz de la reforma penal europea
La evolución del compliance en España se ve marcada por recientes novedades legales que afectan tanto a los canales internos de denuncia como a la responsabilidad penal derivada de la vulneración de sanciones de la Unión Europea. La entrada en funcionamiento de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AINPI) y la transposición de la Directiva europea Whistleblowing exigen a las empresas actualizar sus sistemas internos de información y adaptarse a los nuevos procedimientos de notificación.
Paralelamente, la reforma del Código Penal, alineada con directivas europeas, introduce nuevos delitos vinculados a la elusión de sanciones internacionales, aumentando la complejidad de los análisis de riesgos corporativos y de la función de cumplimiento normativo.
El panorama del compliance en España atraviesa un proceso de consolidación y actualización frente a las recientes exigencias legales y regulatorias. Entre las principales novedades se encuentra la regulación de los canales de denuncia, reforzada por la Ley 2/2023, que transpone la Directiva europea Whistleblowing. Esta normativa obliga a las empresas a establecer sistemas internos de información que garanticen la confidencialidad, el anonimato y la correcta gestión de las comunicaciones recibidas.
La entrada en funcionamiento de la AINPI el 1 de septiembre de 2025 marca un hito, pues centraliza la supervisión y establece procedimientos claros para notificar el responsable del sistema de denuncia. Si bien surgieron dudas iniciales sobre los plazos y la forma de realizar estas notificaciones, la segunda nota informativa de la AINPI aclaró que el plazo de dos meses comienza a contar desde que se habilite el formulario específico en su portal web.
Mientras tanto, la página de la AINPI se enriquece con guías y contenidos que facilitan la comprensión de sus funciones tanto para empresas como para potenciales informantes.
En paralelo, la reciente reforma penal española incorpora delitos vinculados a la vulneración de medidas restrictivas de la Unión Europea, en respuesta a directivas comunitarias que buscan un marco sancionador homogéneo frente a la elusión de sanciones internacionales. La modificación contempla la responsabilidad penal de personas jurídicas, lo que obliga a las empresas a revisar y reforzar sus políticas internas de prevención de riesgos.
La complejidad de estas nuevas normas, consideradas penales en blanco, radica en que la definición de las conductas delictivas depende de reglamentos europeos y decisiones de política exterior, lo que exige un análisis detallado del marco normativo aplicable.
En este contexto, la función de compliance adquiere un papel estratégico: identificar riesgos específicos, adaptar los sistemas de control interno y asegurar que la organización cumpla tanto con las obligaciones de notificación como con las nuevas responsabilidades penales.
La combinación de regulación de canales de denuncia y la ampliación de la responsabilidad penal refuerza la necesidad de una cultura de cumplimiento ética, dinámica y resiliente, capaz de evolucionar ante los continuos cambios legales.
