Un hombre de 24 años, residente en Almería, está siendo investigado por su presunta implicación en una estafa conocida como «Man in the Middle» (hombre en el medio), un tipo de ciberdelito en el que los estafadores se infiltran en las comunicaciones electrónicas entre dos partes para modificar información y desviar fondos.
La Guardia Civil también busca a otro sospechoso, que se encuentra en paradero desconocido, acusado de participar en el robo de 14.124 euros a un ciudadano de Fuerteventura.
El caso comenzó en la primavera de 2024, cuando la víctima, un residente de la isla, denunció la estafa en el Puesto Principal de Morro Jable.
Según la investigación, los delincuentes accedieron a los correos electrónicos entre dos empresas colaboradoras. Aprovechando esta infiltración, manipularon una factura, cambiando los datos bancarios legítimos por los suyos propios, lo que permitió que el dinero fuera transferido directamente a sus cuentas.
Detalles del fraude
El modus operandi de los ciberdelincuentes se basó en suplantar identidades dentro de un intercambio legítimo de información entre las empresas. Este enfoque es característico del esquema «Man in the Middle», en el que los estafadores interceptan y alteran comunicaciones sin que las partes involucradas lo detecten a tiempo.
En este caso, el equipo especializado en ciberdelitos de la Guardia Civil, conocido como ‘Equipo @‘, analizó los correos electrónicos afectados, incluyendo aquellos manipulados por los sospechosos.
Esta investigación permitió identificar a los dos implicados en Almería, aunque solo uno de ellos ha sido localizado y está bajo investigación.
Impacto en la víctima y respuestas iniciales
Para la víctima, el descubrimiento del fraude suele ocurrir semanas después del hecho, cuando el destinatario legítimo de la factura informa que no ha recibido el pago.
En este caso, la empresa afectada transfirió 14.124 euros a una cuenta bancaria controlada por los delincuentes.
En situaciones similares, las víctimas suelen enfrentar una gran incertidumbre sobre si deben volver a pagar la factura al acreedor legítimo.
Según el Código Civil español (artículo 1.162), el pago realizado a una persona distinta al acreedor o su representante autorizado no es válido y no libera al deudor de su obligación, lo que puede obligar a la víctima a asumir el coste doblemente.
Recuperación de fondos y limitaciones
Cuando se denuncia un caso de este tipo, la velocidad es crucial para rastrear y recuperar los fondos transferidos. Si se actúa con rapidez, es posible que las autoridades o el banco receptor puedan congelar el dinero antes de que sea retirado.
Sin embargo, este proceso enfrenta serias limitaciones
- Tiempo de reacción: En muchos casos, el fraude no se descubre hasta semanas después, dando tiempo a los delincuentes para transferir el dinero a otras cuentas o retirarlo en efectivo, lo que dificulta su recuperación.
- Límites bancarios: Aunque los bancos suelen imponer límites diarios para transferencias o retiros, los delincuentes pueden trabajar gradualmente para extraer el total en días sucesivos, disminuyendo la posibilidad de recuperación.
- Colaboración bancaria: En algunos casos, se puede involucrar al banco receptor en la investigación, especialmente si incumplió con la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales. Esto podría incluir fallos como la apertura de cuentas a personas no acreditadas, la falta de seguimiento de las actividades del titular de la cuenta o la omisión de reportar movimientos sospechosos al Sepblac.
Consideraciones legales y responsabilidades
En ausencia de una regulación específica para fraudes de este tipo, los tribunales suelen aplicar la normativa general que estipula que el pago debe hacerse al acreedor autorizado.
Por lo tanto, si el pago se realiza a una persona distinta debido a un fraude, el deudor no queda liberado de su obligación. Esto puede llevar a una negociación entre el acreedor y el deudor para asumir la responsabilidad compartida del incidente.
Además, se plantea la posibilidad de reclamar contra el banco receptor de los fondos, alegando una posible negligencia si no cumplió con sus obligaciones legales para prevenir actividades ilícitas. Este enfoque, aunque técnicamente viable, requiere pruebas sólidas de que la entidad bancaria falló en sus controles.
Prevención para evitar fraudes similares
Las empresas y particulares deben tomar medidas preventivas para reducir el riesgo de ser víctimas de fraudes de este tipo. Entre estas medidas se incluyen:
- Verificación de datos: Confirmar cualquier cambio en la información de pago con el proveedor a través de un canal independiente antes de realizar transferencias.
- Seguridad de comunicaciones: Implementar sistemas de cifrado y autentificación para proteger el intercambio de correos electrónicos.
- Capacitación: Educar al personal sobre las tácticas comunes de fraude y las señales de advertencia para identificar posibles riesgos.
El caso de Almería pone de relieve la sofisticación creciente de los ciberdelitos y la necesidad de reforzar tanto las prácticas de seguridad digital como la cooperación entre empresas, entidades bancarias y cuerpos de seguridad para prevenir y mitigar este tipo de estafas.
