El uso de sistemas de videovigilancia en el ámbito laboral ha sido objeto de discusión en los tribunales durante más de dos décadas, comenzando con la importante Sentencia del Tribunal Constitucional 186/2000. Esta sentencia se centró en la protección del derecho a la intimidad de los trabajadores frente a la instalación de cámaras de vigilancia en los lugares de trabajo.
Posteriormente, la jurisprudencia fue evolucionando con nuevos casos, como la Sentencia 23/2013 del Tribunal Constitucional que trató sobre la utilización de cámaras en la Universidad de Sevilla, y la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2019, que revocó una sentencia previa relacionada con el caso López Ribalda.
La LOPDGDD y la regulación de la videovigilancia
Uno de los avances más importantes en la regulación de la videovigilancia laboral llegó con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD). Esta norma regula de manera específica el uso de cámaras en el lugar de trabajo, estableciendo que los empleadores deben informar de manera expresa, clara y concisa a los trabajadores sobre la instalación de estos sistemas, de acuerdo con los principios del artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y la legislación de función pública.
La LOPDGDD introduce una excepción importante: en casos donde las cámaras capten la comisión flagrante de un acto ilícito, el empleador no está obligado a realizar la información previa a los trabajadores, siendo suficiente la instalación de carteles informativos que notifiquen la presencia de las cámaras.
Esta excepción se basa en la necesidad de proteger los intereses del empleador frente a conductas ilícitas graves que ocurran en el lugar de trabajo.
El concepto de «acto delictivo» y su interpretación
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su jurisprudencia, utiliza el término «actos delictivos«, lo que ha generado confusión en el ámbito laboral. Este término debería abarcar no solo los delitos, sino también conductas que vulneren la buena fe contractual o impliquen abuso de confianza.
Sentencias recientes y el test de proporcionalidad
En una reciente sentencia (núm. 1837/2023), el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco cuestionó la excepción establecida en la LOPDGDD, considerando que la medida debía entenderse como transitoria y no eximía del deber de informar.
Sin embargo, en enero de 2025, el Tribunal Supremo revocó esta sentencia, reiterando que en los casos de ilícitos flagrantes, basta con que los trabajadores conozcan la presencia de cámaras mediante carteles informativos, sin necesidad de una regularización posterior.
El Tribunal Supremo también subrayó la importancia del test de proporcionalidad, indicando que no todos los incumplimientos del deber de información suponen una vulneración del derecho fundamental a la protección de datos. Si la medida es proporcional y justificada, no se considera automáticamente una infracción grave.
Retos y debates futuros
La resolución de estos casos plantea nuevos desafíos y abre un debate sobre la legalidad de otras prácticas de videovigilancia, como la instalación de cámaras ocultas o temporales.
Aunque estas situaciones no están expresamente reguladas, la jurisprudencia y la interpretación de los tribunales seguirán siendo claves para establecer los límites y condiciones bajo los cuales se puede aplicar la videovigilancia en el ámbito laboral.
