La Ley 2/2023 y la importancia estratégica del canal de denuncias en las empresas
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, ha supuesto un cambio relevante en el marco del compliance empresarial en España. Desde su entrada en vigor, impone la obligatoriedad de establecer un canal interno de denuncias para todas las empresas con una plantilla igual o superior a 50 trabajadores.
Este canal no debe considerarse únicamente como una exigencia legal, sino como una herramienta estratégica para fomentar una cultura corporativa ética, basada en la transparencia y la confianza.
Sin embargo, según datos recogidos por un estudio de Personio, aún persiste un importante desfase en su implantación: el 23% de las compañías no ha implementado este mecanismo, y un 11% ni siquiera conoce su situación respecto a esta exigencia. Estos porcentajes son alarmantes si se tiene en cuenta que el incumplimiento puede conllevar multas de entre 10.001 y 1.000.000 de euros.
A ello se suma la percepción de los trabajadores, ya que, según el informe de Adecco sobre felicidad en el trabajo, un 42% de los empleados considera que su empresa carece de canales adecuados para reportar problemas internos. Esta carencia genera un entorno laboral inseguro, propenso a conflictos y con baja confianza en la dirección, lo cual repercute directamente en la productividad y la sostenibilidad del negocio.
En este contexto, compañías tecnológicas como OpenKM (sistema de gestión de documentos) han comenzado a ofrecer soluciones integrales de cumplimiento normativo. Su CEO resalta que los canales de denuncias ya no pueden verse como un mero trámite legal, sino como una herramienta esencial para proteger la integridad corporativa.
OpenKM proporciona un software especializado en la gestión documental que, además de cumplir con los requisitos legales, incorpora medidas avanzadas de seguridad y anonimato para proteger al denunciante.
Este tipo de plataformas permiten documentar todas las acciones relacionadas con una denuncia, garantizando su trazabilidad, la posibilidad de auditoría posterior y el cumplimiento de los principios de confidencialidad, integridad y transparencia.
En definitiva, no contar con un canal de denuncias eficaz no solo expone a las organizaciones a importantes riesgos legales y económicos, sino que debilita su cultura ética, su reputación y la fidelización del talento interno.
Por lo tanto, más allá de la obligación impuesta por la Ley 2/2023, implementar un canal de denuncias sólido y accesible se ha convertido en una necesidad ineludible para cualquier organización que aspire a una gestión ética, segura y sostenible.
