El problema de la publicación o difusión de contenido sexual o violento en internet es una preocupación seria que afecta a usuarios de todas las edades y comunidades en Internet. Esta cuestión plantea desafíos significativos en términos de ética, privacidad y seguridad en la red.
En primer lugar, la divulgación no consentida de material sexual constituye una violación grave de la privacidad con consecuencias potencialmente devastadoras para los afectados. Este tipo de contenido puede ser utilizado para acosar, difamar o extorsionar a personas, afectando negativamente a su bienestar emocional y reputación.
En cuanto a la difusión de contenido violento, el mismo puede contribuir a la propagación de la violencia y tener efectos perjudiciales en la sociedad. La disponibilidad fácil de este tipo de contenido en línea puede normalizar la violencia y desensibilizar a las personas, especialmente a los jóvenes, ante situaciones violentas.
Los desafíos para abordar este problema son complejos. A este respecto, las plataformas en línea juegan un papel crucial en la moderación y eliminación de contenido inapropiado, y es necesario que implementen políticas y tecnologías adecuadas para abordar estas cuestiones.
En este escenario, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) implementó en 2019 el Canal Prioritario, a través del cual es posible solicitar la eliminación de esta clase de contenidos.
Para hacer uso de esta herramienta, se requiere que el caso sea excepcional y presente riesgos significativos para los derechos y libertades de las víctimas, con especial atención a los casos que involucren a personas de grupos vulnerables.
La denuncia de estas situaciones puede realizarse tanto por la víctima como por cualquier persona informante, excluyendo a aquellos que no sean ciudadanos españoles o que se encuentren fuera del país.
Es crucial destacar que la AEPD no tiene la capacidad de solicitar la eliminación de contenidos difundidos a través de mensajería instantánea o correo electrónico, pero puede iniciar un proceso sancionador contra el difusor después de identificarlo.
En el inicio del proceso a través del Canal Prioritario, se debe proporcionar una descripción detallada de los hechos, especificando si la víctima pertenece a algún grupo vulnerable.
También se deben proporcionar los sitios web donde se encuentra publicado el contenido, así como el nombre de perfil del presunto infractor si se conoce. Además, la AEPD dispone de un formulario específico para víctimas menores de edad.
Finalmente, la AEPD examinará la solicitud y, si es apropiado, ordenará la eliminación del contenido al proveedor de servicios o plataforma. En casos de indicios de delito, se informará a la Fiscalía para su investigación y, si procede, se iniciará un proceso judicial contra los responsables.
