Hoy en día el número de delitos que los empleados comenten en la empresa se ha disparado y, es más, se estima que el 42% de los fraudes cometidos en una empresa son realizados por sus propios trabajadores.
Para frenar esto y, para otros fines que veremos a continuación, se desarrolló la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Una ley que obliga a las empresas y a los autónomos que cuenten con más de 50 empleados, así como a fundaciones, con gestión de menores, Administraciones Públicas, sindicatos, etc., a contar con un Canal de denuncias.
Ahora bien, ¿qué es esta novedad exactamente? Podríamos decir que es una herramienta de la que disponen los empleados de una Entidad para poder denunciar cualquier comportamiento que pueda ser constitutivo de infracción, delito o irregularidad dentro de esta.
Una de las ventajas que tiene es que el Canal permite que tanto el denunciante sea anónimo como que el contenido de la denuncia sea confidencial, protegiendo así al informante de cualquier represalia y fomentando que cada vez más trabajadores, se atrevan a informar de lo que ocurre en el seno de la entidad.
Además, se garantizarán medidas de apoyo y/o protección para los denunciantes para así, defenderlos de cualquier consecuencia o represalia que pudieran sufrir. Estas medidas van desde el asesoramiento jurídico hasta el psicológico sin olvidarnos del financiero.
El pasado martes 29 de octubre el ministro de Presencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunció que quedaba aprobado un Real Decreto, por el cual se constituye la figura de una Autoridad Independiente de protección del informante, para favorecer que se denuncien casos de corrupción. Se trata de una figura independiente, es decir, una figura que no podrá recibir órdenes provenientes ni del Gobierno ni de ninguna otra Administración.
El titular de esta Autoridad se nombrará a través de la propuesta del ministro de Presidencia y tendrá que ser aprobado por mayoría absoluta, en la comisión de nombramientos del Congreso de los Diputados.
La figura de esta Autoridad, no solo será un gran avance en el control de los canales, sino también en la implementación de medidas utilizadas en el mismo, ya que podrá intervenir si una Entidad no cuenta con un canal o si teniéndolo, no cumple con los requisitos que establece la ley: el anonimato del informante, la confidencialidad, los plazos señalados para la contestación y la eliminación del contenido si no se inician las investigaciones. Sancionará si la empresa no cuenta con un registro, en el que se encuentren las denuncias recibidas, el estado en el que se encuentran y su resolución final.
Además de esta Autoridad, cada CCAA, deberá crear una similar a esta y en el caso de que no lo hicieran, tendrá que suscribir un convenio con esta primera, para que pase a tener también las mismas competencias que la Autoridad.
La figura de la Autoridad de Control, no ha sido la único que se ha creado, sino que también se ha formado una comisión consultiva, para la protección del informante, que estará formada exclusivamente por personas que cuenten con una trayectoria, como la Fiscalía y el Banco de España.
Aunque pueda parecer que el Canal está diseñado única y exclusivamente para la persecución de la comisión de delitos, tiene otras muchas finalidades para mejorar el entorno laboral: hacer efectivos los códigos de conducta de los trabajadores, mejorar la calidad de la empresa y generar un ambiente laboral seguro, transparente y productivo. Es por esto que la reciente ley constituye un gran paso en todos los ámbitos.
Todos nuestros clientes que han accedido a obtener nuestra plataforma de Canal del Informante estarán cubiertos ante cualquier posible sanción que la Autoridad de Control pueda imponer en su revisión.
Animamos a todas aquellas Entidades que según la ley 2/2023 del 20 de Febrero, están obligadas a poseer un canal de información, como el ofrecido por Rapinformes y eviten las posibles sanciones de la Autoridad de Control.
