¿En qué consiste?
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de medidas integrales en materia de prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Se trata de una reforma para actualizar el marco español a un entorno cada vez más exigente en esta materia, marcado por la innovación tecnológica y financiera -como el creciente uso de criptoactivos- y esquemas cada vez más sofisticados por parte de redes delictivas internacionales.
El anteproyecto, aprobado en primera vuelta, se someterá ahora a audiencia e información pública antes de continuar su tramitación. La reforma persigue un doble objetivo: reforzar la arquitectura institucional con la creación de una autoridad especializada e independiente, y adaptar la normativa española al nuevo paquete europeo antiblanqueo aprobado en 2024 y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Una autoridad única para supervisar, inspeccionar y sancionar
La principal novedad es la creación de la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (ANIFI), una autoridad administrativa independiente que unificará competencias que hoy se reparten entre el SEPBLAC y la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales.
ANIFI integrará las funciones de Unidad de Inteligencia Financiera, supervisión e inspección, potestad sancionadora y sanciones financieras internacionales, y asumirá además competencias hasta ahora no atribuidas a ninguna autoridad, como la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. La nueva autoridad se convertirá también en el interlocutor único de España ante la nueva Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo (AMLA), en línea con las mejores prácticas internacionales.
Con esta unificación se dota de mayor solidez al marco español y se refuerza la visibilidad del compromiso de España en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Financiación propia, sin coste para el contribuyente
ANIFI dispondrá de un sistema de financiación autónomo y sostenible que no dependerá de los Presupuestos Generales del Estado. Se nutrirá de una tasa sobre los sujetos obligados sometidos a licencia administrativa (fundamentalmente entidades financieras y operadores de juego) y de un porcentaje limitado de las sanciones que imponga, que destinará a financiar actividades de prevención y persecución del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como de cooperación internacional.
Para acelerar su puesta en marcha y bajo el principio de eficiencia en el uso de los recursos públicos, la nueva autoridad se construirá sobre la estructura del actual FROB, aprovechando sus servicios operativos y su experiencia en el sector financiero.
Una normativa adaptada a los nuevos riesgos
La reforma actualiza también la normativa para adaptarla a los estándares europeos e internacionales. Entre las principales novedades, se incorporan nuevos sujetos obligados; se refuerza la transparencia sobre la titularidad real, con nuevas potestades de inspección y sanción del Registro Central; y se endurecen los requisitos de idoneidad, impidiendo que personas condenadas por blanqueo puedan ejercer como sujetos obligados o dirigirlos. Asimismo, se refuerza el control de los movimientos de efectivo.
Este artículo ha sido elaborado con apoyo de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado íntegramente por el equipo de Rapinformes antes de su publicación. Las imágenes identificadas expresamente han sido generadas mediante IA.
