La obligatoriedad del Registro de Viajeros, pone de manifiesto una vez más, el delicado y sensible equilibrio entre la seguridad pública y la protección de los datos personales.
Aunque la medida persigue un objetivo, que podríamos calificar como plenamente legítimo y socialmente relevante, como es la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, no está exenta de polémica.
Su aplicación plantea retos significativos no solamente para las empresas del sector turístico, sino también para los propios usuarios-clientes, quienes pueden recibirla de manera negativa, como una invasión a su privacidad o un trámite innecesario.
Si bien es cierto que, basándonos en los datos, no se puede negar que el Registro de Viajeros, ha resultado más que útil: 18.500 personas han sido identificadas con requerimientos policiales desde su creación en el año 2022. Hasta ahora había sido voluntario, al convertirlo en obligatorio, supone un cambio importante en el sector.
Las empresas dedicadas al hospedaje y alquiler de vehículos no solamente prestarán servicios, sino que también se convierten en captadores y recolectores de datos personales, con toda la responsabilidad legal que ello conlleva.
Manejarán información extremadamente sensible, como el DNI, el lugar de residencia, datos de contacto e incluso la relación de parentesco de los viajeros, en caso de que vayan con menores de edad.
Este tratamiento de datos conlleva riesgos, sobre todo en términos de seguridad y confidencialidad, con lo que las empresas deberán adecuarse al RGPD y a la LOPDGDD, debidamente: minimización de los datos, lo que implicará que solo deberán recabarse los datos estrictamente necesarios para el fin, comprobar la exactitud de los datos y asegurar los derechos pertenecientes a los usuarios como el de acceso o rectificación.
A esto se le suma el desafío de la confianza de los clientes, ya que muchos viajeros no sienten la misma, al compartir datos personales tan detallados, generando así incomodidad o incluso rechazo, en especial si no entienden la medida como necesaria.
Para manejar esto, las empresas tendrán que ofrecer toda la transparencia posible respecto a esta nueva obligación, para evitar que la misma, afecte negativamente a la percepción de los clientes.
Las críticas del sector turístico no tardarán en llegar, pues se someten a una nueva carga administrativa, bastante significativa, por el miedo a enfrentarse a sanciones de hasta 30.000 euros.
Para que la normativa cumpla con su función y con su propósito, sin generar efectos colaterales negativos, será necesario que todas las partes implicadas asuman la responsabilidad que se les otorgue.
Las empresas por su parte, deberán adoptar la discrecionalidad necesaria y garantizar un cumplimiento riguroso, mediante la aplicación de una serie de diligencias debidas, para proteger los datos personales de sus clientes.
