El Consejo de Ministros aprobó el martes 27 de abril de 2021, el Real Decreto-Ley 7/2021 con el que se ha traspuesto a nuestro ordenamiento jurídico, entre otras, la V Directiva (2018/843) contra el blanqueo de capitales y que se ha publicado en el BOE el 28 de abril.
La Comisión Europea abrió el jueves un procedimiento de infracción contra España por transposición incorrecta de la directiva (UE) 2018/ 843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018 (Quinta directiva) contra el blanqueo de capitales y le pidió que establezca un sistema de transparencia mediante un registro central de beneficiarios efectivos de las empresas.
En una carta dirigida a España e Italia, Bruselas ha denunciado la aplicación incorrecta del reglamento comunitario sobre blanqueo de capitales, aunque «estos Estados miembros habían notificado una transposición completa de la directiva», según la Comisión Europea.
En este contexto, Bruselas ha observado varias deficiencias en la aplicación del reglamento, que afectan a uno de sus elementos clave, a saber, la creación de registros centrales de beneficiarios efectivos de las empresas.
En este sentido, el Ejecutivo comunitario ha insistido en la necesidad de una mayor transparencia para combatir los abusos de las personas jurídicas y ha recordado la responsabilidad de los Estados miembros de garantizar que la información sobre los verdaderos propietarios de estas empresas conste en un registro central.
Por ello, la Comisión Europea ha enviado una carta de emplazamiento a las autoridades españolas y ha dado a España un plazo de dos meses para remediar la situación.
La carta de emplazamiento es el primero de los tres pasos del procedimiento de infracción de la Comisión Europea, que podría acabar ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
En un segundo paso, el Ejecutivo comunitario anunció que los países de la UE podrían utilizar una base de datos central en la que se registraría la inflación de los beneficiarios, o el registro mercantil u otro tipo de registro central.
Sin embargo, éste no es el único caso contra España. El Ejecutivo europeo ha iniciado la segunda fase del procedimiento de infracción contra el Gobierno de Sánchez, pidiéndole, en un dictamen motivado, que transponga la directiva europea sobre impuestos especiales a su legislación nacional, algo que, según dice, aún no ha hecho.
El reglamento de la UE se aplicará a partir del 13 de febrero de 2023 y los Estados miembros tenían que transponer la directiva antes del 31 de diciembre de 2021, dijo el Ejecutivo comunitario, que añadió que España aún no había comunicado a la Comisión las medidas de transposición.
España dispone ahora de dos meses para cumplir la obligación de transposición y comunicarla a la Comisión. Si no lo hace, el ejecutivo de la UE puede llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia.
