El anteproyecto de ley de la denominada directiva Whistleblowing apunta a los casos en los que las empresas deben contar con la figura del Delegado de Protección de Datos.
Recientemente, se ha aprobado en Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley Whistleblowing, cuya principal medida es la de proteger el anonimato de los trabajadores que informen sobre infracciones normativas dentro de sus empresas. Esta medida se aplica al sector público y a las compañías que tengan más de 50 empleados en plantilla a través de canales obligatorios de comunicación o denuncia.
La nueva legislación está en pleno proceso de desarrollo e implantación de matices en algunos de sus puntos. Se han añadido novedades destacables como la sustitución del concepto “denunciante” por “informante”. Sin duda, lo que más llama la atención es la obligatoria implantación de nombrar un Delegado de Protección de Datos para las empresas de más de 50 empleados.
Asimismo, y como venimos comentando, el elemento alrededor del que gira todo en estos canales de denuncia es la privacidad. Estos nuevos avances legislativos están sometidos a un cumplimiento muy estricto en el área de protección de datos. La normativa establece, entre otras medidas, un plazo máximo de conservación de documentación de diez años.
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