Solemos pensar que las Administraciones Públicas tienen información privilegiada sobre las personas porque tienen acceso a toda clase de datos relativos a nosotros. Ya sean datos de carácter personal médicos, direcciones, teléfonos, situaciones personales, tráfico, rentas etc. No está lejos de la realidad esta afirmación, sin embargo, los datos se quedan en cada Administración Pública que es titular de los mismos. Y es hace poco hablamos de “Banco de Datos” que la Comisión Europea quiere implementar en Europa para que Administraciones y empresas privadas tengan acceso a datos personales con el fin de ofrecer nuevos productos y servicios o mejorarlos. La otra realidad es en que países como Dinamarca o recientemente Francia, Alemania y Portugal entre otros, este banco común de datos ya existe o se está aproximando a su creación para que las Administraciones Públicas colaboren con el propósito de mejorar las políticas encaminadas a mejorar la vida de los ciudadanos.
¿Querer y no poder?
Ciertamente las Administraciones de nuestro país pueden, pero a veces no quieren, compartir con otras todos los datos masivos que disponen de los ciudadanos. Ya vimos durante el mandato de Obama en EE..UU que a través del proyecto Commission on Evidence Based Policymaking las distintas Administraciones tenían a su alcance herramientas en las que introducir los datos que tienen y cruzarlos con los de otras Administraciones. El verdadero potencial de los datos masivos no tiene mucho sentido por sí solo, pero si se cruzan con los de otra Administración, se puede realizar un análisis de los mismos y obtener evidencias empíricas para la mejora de las políticas públicas y no basar éstas en meras suposiciones como se viene haciendo hasta ahora en España.
El Estado y los datos a contrarreloj
Las medidas se deben tomar con rapidez y para no quedarse atrás en el desarrollo social, ya no solo a nivel nacional y europeo, sino a nivel mundial. En España, hace unos meses el Consejo de Ministros encargó a la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) la labor de revisar la eficiencia y eficacia plurianual del gasto público. Esta revisión de gasto tiene el principal problema de acceso a los datos que van a ser requeridos a cada Administración. La cultura y los antecedentes de nuestras administraciones les hacen desconfiar de ceder los datos que tienen a otras, y que decir si esa cesión se tiene que hacer a un profesional independiente.
Esta decisión del Consejo de Ministros es un paso y una evidencia de la necesidad de disponer de herramientas y personal que se encargue de recopilar, analizar, cruzar y salvaguardar los datos de las distintas administraciones. De todo ese análisis podrán obtenerse evidencias empíricas que indiquen la verdadera necesidad de la población. Y es que una evidencia casi científica tiene mayor peso que una reflexión ideológica.
Un nuevo organismo o herramienta
No importa si el banco de datos debe crearse a partir de un nuevo organismo o simplemente la implementación de una herramienta a disposición de las Administraciones donde vuelquen todos los datos que obtienen. Lo importante es garantizar un lugar y un medio seguro en los que pueda volcarse y cruzarse con el resto de datos. En términos informáticos es lo que se denomina el ‘’tercer seguro’’ y es que la AIReF se ha comprometido a participar y contribuir en creación e implementación de la estrategia que resulte necesaria para la consecución de estos fines.
El propósito de una nueva herramienta no es otro que poder evaluar la política nacional, analizar posibles defectos, conocer necesidades y en definitiva ofrecer políticas públicas de calidad, de mejora y, sobre todo, con sentido común y basado en evidencias empíricas.
