Las criptomonedas son formas de dinero digital que utilizan criptografía para garantizar la seguridad de las transacciones y controlar la creación de nuevas unidades. A diferencia de las monedas tradicionales, las criptomonedas son descentralizadas y operan en una red de tecnología de registro distribuido llamada blockchain.
No obstante, el empleo de las mismas conlleva una serie de peligros. En primer lugar, presentan una volatilidad extrema, esto es, que su valor puede experimentar cambios significativos en cortos períodos de tiempo, lo que puede resultar en pérdidas sustanciales para los inversores.
Por otro lado, la falta de regulación puede exponer a los inversores a fraudes y actividades ilegales. Algunas criptomonedas también se utilizan en actividades ilícitas debido a la dificultad de rastrear las transacciones.
Asimismo, las plataformas de intercambio y monederos digitales pueden ser vulnerables a ataques cibernéticos, lo que puede conllevar a la pérdida total de los activos digitales.
Frente a las múltiples amenazas asociadas a estas monedas digitales, la Unión Europea (UE) ha introducido una nueva normativa para criptoactivos con el objetivo de maximizar sus beneficios y reducir sus riesgos. Este reglamento, formalmente aprobado por el Parlamento y el Consejo de la UE en abril y mayo de 2023, respectivamente, tiene como propósito fundamental brindar seguridad legal a los consumidores e inversores, asegurando la estabilidad del mercado financiero.
En concreto, la regulación aborda la emisión de tokens y fomenta la transparencia y divulgación en las ofertas públicas de criptoactivos. La supervisión de estas transacciones recae en la Autoridad Europea de Valores y Mercados, así como en la Autoridad Bancaria Europea. Además, la UE ha establecido pautas para regular el impacto medioambiental de los principales proveedores de estos servicios, exigiéndoles la publicación de su consumo de energía.
Con el fin de prevenir actividades delictivas, las nuevas normas permiten el rastreo e identificación de transferencias de criptoactivos, otorgando la capacidad de bloquear transacciones sospechosas, especialmente aquellas que superen los 1,000 euros.
Además, el Parlamento ha instado a los estados miembros a coordinar esfuerzos para gravar los criptoactivos de una manera justa y eficaz, proponiendo un régimen fiscal simplificado para aquellos comerciantes que lleven a cabo pequeñas transacciones o empleen este tipo de activos ocasionalmente.
En definitiva, todas estas medidas buscan asegurar un uso responsable y seguro de las criptomonedas en la UE.
