Javier trabaja en una importante empresa tecnológica del Ibex 35, donde se desempeñaba como ejecutivo de cuentas. Cada mañana, se despertaba con su teléfono repleto de notificaciones, y sus noches eran cortas debido a la constante hiperconexión que lo perseguía hasta altas horas.
Un viernes, que parecía como cualquier otro día, la jornada comenzó de manera especialmente negativa. «Todo era un desastre y empecé a lanzar cosas contra las paredes. Tuve la lucidez de ir a mi médica y, aunque mi intención era recibir medicación para continuar trabajando, ella me impidió salir de la consulta y me otorgó la baja«, recuerda.
El impacto de la hiperconexión en la salud mental de los trabajadores es evidente. La desconexión digital, aunque es un derecho reconocido en España, se aplica de manera deficiente. Desde 2019, las empresas están obligadas a implementar políticas internas que garanticen este derecho, pero solo un pequeño porcentaje de los convenios laborales lo incluye. De los convenios firmados en 2023, solo 114 (el 8,4% del total) mencionaban la desconexión digital, y solo 26 contaban con protocolos específicos al respecto, según datos de la Unión General de Trabajadores.
José Varela, responsable de digitalización en el trabajo del sindicato, señala que muchas cláusulas sobre la desconexión digital simplemente replican la ley general o posponen su implementación en futuras negociaciones, careciendo de valor práctico. A pesar de que el derecho a la desconexión digital está contemplado en la Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales de diciembre de 2018, algunos juristas consideran que este derecho ya estaba implícito en legislaciones anteriores, destacando la novedad de la obligación empresarial de implementar medidas para garantizarlo.
En marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia condenó a una empresa de seguridad a pagar 1.000 euros por vulnerar el derecho a la desconexión digital y la intimidad de un trabajador que solicitó no ser contactado fuera de su horario laboral.
Esta sentencia contrasta con la práctica común de que la desconexión digital es un derecho opcional, permitiendo que los mandos contactan a los trabajadores, quienes pueden decidir si responden o no. Este enfoque, según el abogado Daniel Antonio Diz Portela, puede inducir a los trabajadores a renunciar a sus derechos por temor a repercusiones negativas en su empleo.
Tras tres meses de baja, Javier solicitó el alta voluntaria y regresó a su puesto, pero la situación no mejoró y sufrió otro episodio de bloqueo. Recuerda haber estado en su casa, muy nervioso, tomando pastillas. Durante este período, trabajó en condiciones extremas, desde un glaciar americano hasta un tanatorio, evidenciando la falta de límites en su jornada laboral. Finalmente, decidió marcar un límite a su disponibilidad, optando por un horario continuo que excluye el trabajo por las tardes, festivos y vacaciones.
Las demandas laborales relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación presentan un riesgo psicosocial significativo que las empresas están obligadas a prevenir. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) ha alertado sobre las consecuencias del tecnoestrés, que afectan tanto a la salud mental como física de los trabajadores.
El presidente de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT), Juan Carlos Rueda, señala que la falta de desconexión digital tiene un coste significativo en la salud mental, provocando ansiedad, depresión y neurosis, además de problemas físicos como dolores musculares, cardiovasculares y trastornos del sueño. Isabel Aranda, vocal del Colegio de Psicología de Madrid, añade que el tecnoestrés también deteriora la autoestima, la concentración y las relaciones laborales.
El 60% de los trabajadores deben realizar tareas fuera de su horario laboral, con un 5,4% trabajando diariamente en su tiempo libre. Aunque la normativa exige el registro real de la jornada laboral, la realidad muestra un abuso persistente del tiempo extra no remunerado, exacerbado por las nuevas formas de trabajo digital.
La Comisión Europea intentó en 2022 regular el teletrabajo, pero los empresarios se desmarcaron de la negociación. Otros países, como Portugal, han tomado medidas más estrictas, prohibiendo la comunicación con los empleados fuera del horario laboral. En España, la aplicación del derecho a la desconexión digital es particularmente desafiante en las pymes y en sectores menos digitalizados, donde la protección del derecho a la desconexión puede ser limitada.
